Proponen asociaciones plan de rescate para el transporte público ante el COVID-19

Ante los impactos económicos generados por el COVID-19 en el transporte público, el Instituto de Recursos Mundiales México (WRI México), autoridades y empresarios del sector propusieron un programa de apoyo financiero para el sector del transporte público dividido en tres etapas, con una visión a seis años y que urge a la asignación inmediata de apoyos económicos de los gobiernos federal y estatales, para garantizar en el corto plazo la sobrevivencia de los prestadores del servicio de transporte público de las principales ciudades del país y así contribuir a su reactivación en el mediano plazo.

La propuesta se presentó en rueda de prensa virtual, con la participación de Adriana Lobo de Almeida, Directora Ejecutiva de WRI México; Alejandro López, Presidente de la Asociación Mexicana de Autoridades de Movilidad (AMAM); Miguel Elizalde Lizárraga, Presidente Ejecutivo de la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones (ANPACT); Nicolás Rosales, Presidente de la Asociación Mexicana de Transporte y Movilidad (AMTM); y Eleonora Pazos, Jefa de la Oficina de América Latina de la Unión Internacional de Transporte Público (UITP).

WRI México, AMAM y ANPACT estiman en 19 mil 500 millones de pesos las pérdidas acumuladas por los prestadores del servicio de transporte público durante la emergencia sanitaria, a causa principalmente de la caída en la demanda, estimada en un 60%; al momento aún se observa una caída del 30%.

Las pérdidas del sector por la pandemia se calculan hasta en un 40% del ingreso habitual, lo que pone en riesgo los ingresos de miles de conductores y la sostenibilidad de los sistemas de transporte público de las principales ciudades del país. La reducción en la demanda se ha traducido en menores ingresos y en el deterioro de la oferta y cobertura del servicio.

“El COVID llegó a reforzarnos estás problemáticas, aunado al ya rezago de inversión de más de 323 mil millones de pesos, sólo en las ciudades capitales del país, ha reforzado tres grandes problemáticas: la calidad y cobertura del servicio para los usuarios, incluyendo aumento en los costos de desplazamiento; empresas operadoras y sistemas en quiebra, con sus afecciones también a la industria; y el retroceso en los procesos de modernización del transporte”, dijo Alejandro López, de AMAM.

Se han efectuado acciones como ajustes en días y horarios de servicio y, en casos extremos, la suspensión de rutas como alternativas para reducir costos de operación. Sin embargo, al momento se estima que estos ahorros no superan el 25 % de los costos de operación, por lo que el sector enfrenta fragilidad financiera para mantener y mejorar la oferta y cobertura del servicio.

Los costos de operación están consumiendo a las empresas de transporte.

Ante este escenario, las asociaciones e industriales del transporte proponen que, en una primera etapa, se etiqueten recursos federales y estatales para apoyo al sector, que se incluyan en el presupuesto federal beneficios fiscales en IVA e ISR, y que se incrementen los beneficios en el impuesto al combustible; así como que se otorguen garantías de crédito con respaldo gubernamental.

“Para garantizar el derecho a la movilidad es necesario asegurar recursos que permitan la planeación del transporte a corto, mediano y largo plazo. Atender la necesidad inmediata y lo estructural requiere de medidas concretas, por ello hacemos un llamado al gobierno federal a actuar de manera decidida, urgente, estratégica y coordinada para el establecimiento de un Programa de Apoyo Financiero al Transporte Público que ayude a establecer sistemas sustentables, sostenibles y de calidad para los mexicanos. Atender el transporte público no es un tema gremial, sectorial o estatal; es un tema de equidad y de Estado”, comentó Adriana Lobo.

Para la segunda etapa, con una visión de 1.5 a 3 años, se proponen acciones financieras y operativas para reactivar la economía del sector e incrementar el número de personas usuarias, mejorar la inclusión y la calidad de servicio. Para esta etapa se propone incentivar la inversión en infraestructura y renovación de flota; revisar y ajustar los modelos de negocio del transporte público; la reducción de aranceles a la importación de autobuses con visión de transición tecnológica e incentivar la transformación empresarial; promover el uso del transporte público y la integración con otros modos a través de la infraestructura y el medio de pago; así como la implantación de carriles segregados para autobuses y control de la operación.

En una tercera etapa con una visión de 3 a 6 años se proponen soluciones en términos financieros, operacionales y administrativos para consolidar fuentes alternativas de fondeo y financiamiento, junto con el marco normativo necesario para tener acceso a estas fuentes. En este sentido se proponen medidas de recaudación asociadas al uso del auto personal, el pago de tenencia, el uso de parquímetros, el acceso a áreas con restricción vehicular, así como otras asociadas al uso de suelo y la captura de valor, la subasta de norma urbanística y aportes por edificación adicional. Rescatar al transporte público requeriría de una inversión estimada en 323 mil mdp, de acuerdo con las proyecciones realizadas.

“Estamos en proceso de recuperar la salud pública y reactivar la economía, donde la pandemia ha afectado la movilidad y la renovación de la flota, con una caída aproximada del 52% en vehículos de pasaje. Esta caída ha impactado la reducción de emisiones, la seguridad vial y la movilidad incluyente que genera el transporte público. Es necesario impulsar e incentivar la renovación vehicular por los beneficios que genera para los usuarios y sociedad en general», declaró Miguel Elizalde Lizárraga.

Por su parte, Nicolás Rosales, exhortó a las autoridades a establecer canales de comunicación que permitan construir acuerdos para atender las dificultades que estamos viviendo, integrando una agenda para el transporte público: 1) Líneas de acción encaminadas al apoyo del sector desde el Gobierno Federal; 2) Postura, planteamiento de necesidades de los concesionarios en las distintas regiones del país; 3) Consenso y plan estratégico que implique beneficios a corto, mediano y largo plazo. (Redacción Autotransporte)

Las asociaciones lanzaron la propuesta en rueda de prensa virtual.

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