Con la declaratoria de emergencia sanitaria en México, el transporte público en México enfrenta un escenario adverso donde efectúa, por un lado, esfuerzos en la prevención del contagio y la continuidad de la operación para facilitar la realización de actividades esenciales durante la crisis, de una manera asequible, segura y eficiente. Por otro lado, está en juego su sostenibilidad financiera, la seguridad laboral de los empleados del sector y, por ende, el servicio a los usuarios.
De acuerdo con un análisis realizado en ciudades de 13 estados del país por el Instituto de Recursos Mundiales México (WRI México), en su calidad de secretaría técnica de la Asociación Mexicana de Autoridades de Movilidad (AMAM), con el apoyo de la ANPACT, estimó que el transporte público colectivo es el medio que utiliza cerca del 40 % de la población mexicana (50 millones de personas), del cual dependen más de 160 mil empleos, principalmente operadores.
Si bien el transporte público es la alternativa de movilidad que permite realizar sus actividades cotidianas a los hogares con ingresos mensuales a los 7 mil pesos, el cambio en el modo de viaje de los usuarios por miedo al contagio en el interior de los vehículos de pasajeros, ha provocado que el 38 % de las personas hayan aumentado su gasto al doble o más del doble, además de una disminución en la demanda y los ingresos de los transportistas.
Al momento se estima una reducción del 60 % en la demanda, lo que se refleja en menos ingresos y el deterioro de la oferta y cobertura del servicio. Aunque se han efectuado ajustes en días y horarios de servicio como una herramienta para reducir costos de operación, se calcula que estos ahorros no superan el 25 % de los gastos de operación.
En los tres meses y medio que podría durar la emergencia sanitaria, las pérdidas alcanzarán hasta el 40 % del ingreso habitual en ese periodo, lo que representa una pérdida acumulada de 9 mil 800 millones de pesos a nivel nacional, lo que pone en riesgo a miles de conductores y la sostenibilidad del propio sistema.
El segundo componente de riesgo es el total de puestos de trabajo relacionados con el sector. En promedio, el ramo emplea a 1.5 operadores por cada vehículo en operación y existe un 40 % adicional de otros puestos de trabajo asociados al sector. A nivel nacional, sobre los empleos del transporte colectivo urbano y suburbanos, estos superar 3.5 veces las plazas acumuladas del transporte aéreo, marítimo y ferroviario reportados por el INEGI.
El tercero elemento en riesgo es el retroceso en los proceso de modernización del transporte. El 75 % del sector se organiza en esquemas de personas físicas, pequeñas y medianas empresas o cooperativas, altamente sensibles a la disminución de ingresos y los compromisos de pago de capital, que significa el 20 % de los costos totales.
Asimismo, el 40 % de las unidades de transporte que operan en las ciudades donde se realizó el muestro continúa sujeto al pago de créditos, por lo que la falta de liquidez condiciona el cumplimiento de sus obligaciones.
El impacto económico, financiero y social de la emergencia puede ser mayor si se toma en cuenta la contribución del transporte público colectivo a la cadena de valor de la industria del autotransporte, que va desde la fabricación y venta de autopartes, servicios de mantenimiento, la comercialización de vehículos y los servicios financieros para su adquisición, por citar algunos. (Redacción Autotransporte)
