El tema de las concesiones y/u operación irregular de los servicios de grúa y corralones generan un severo problema para los sectores transporte y rastreo satelital, debido al abuso que representa para el transportista recuperar una unidad robada. De acuerdo con Víctor Manuel Presichi Amador, Presidente de la Asociación Nacional de Empresas de Rastreo y Protección Vehicular (ANERPV), son cada vez más frecuentes los casos donde los arrastres de vehículos pesados son inferiores a los 20 kilómetros, pero con cargos de hasta 50 mil pesos por el servicio de grúa.
“Son tarifas arbitrarias que no se apegan a las establecidas en los tabuladores oficiales y mucho menos a las tarifas comerciales disponibles en un mercado abierto. Cada concesionario cobra a su conveniencia y el afectado no tiene la posibilidad de elegir opciones de arrastre ni del resguardo en corralones”, denunció el titular de la ANERPV.
A través de un comunicado, la asociación señaló que estas acciones son un ejemplo de los “acuerdos” que existen entre estos prestadores y autoridades locales, quienes les permiten operar de esta manera. Se genera literalmente una extorsión, adicional a los días que están inhabilitadas las unidades en detrimento de la economía de los afectados quienes deben seguir pagando las mensualidades de los camiones retenidos, seguros, nómina de personal sin trabajo, etcétera, aunado a posibles actos de rapiña, daños, robo de autopartes o de mercancía transportada.
La estancia en el corralón suele ser de 30 a 90 días desde el momento en que los dueños o responsables presentan su denuncia y comienza el proceso de liberación de la unidad ante el Ministerio Público. Un proceso que fomenta y promueve la cifra negra ya que los afectados que recuperan rápidamente su unidad gracias al GPS, evitan a toda costa presentar una pre-denuncia o iniciar una carpeta de investigación formal, debido a que, en caso de proceder legalmente y de acuerdo al protocolo, se da paso a todo este “viacrucis” que genera una doble victimización.
“Todo transportista en su sano juicio prefiere apostarle a la pronta recuperación gracias a los sistemas satelitales y no levantar una denuncia a menos que sea estrictamente necesario por extravío de unidad o del operador, por afectaciones directas a la mercancía, daño en el vehículo y/o propiedad ajena que ocasionan que se proceda de acuerdo a lo establecido en la ley y reglamentos de tránsito”, refirió Presichi Amador.
El directivo advirtió que en muchas ocasiones los transportistas prefieren liberar las unidades en sitio “negociando” directamente con los elementos de seguridad que apoyaron en la recuperación de las mismas con tal de evitar la denuncia. Estos eventos obviamente no se registran en cifras oficiales, generan una dinámica de corrupción que afecta tanto a la sociedad como a las mismas autoridades que suelen tener un objetivo de erradicación de las malas prácticas. Es común toparse con empresas transportistas con cantidades tan dramáticas de hasta del 10% de su flota activa “atrapada” en diferentes corralones esperando y tramitando su liberación, la mayoría como consecuencia de robos frustrados donde no hubo mayor delito que perseguir ni afectaciones a terceros que resarcir.
Las autoridades normalmente refieren que no existe cifra negra en el tema del transporte de carga, sin embargo la ANERPV opina diferente por la cantidad de operativos de recuperación que se inician y concretan exitosamente, pero no culminan en una carpeta de investigación. “Nuestro deseo y objetivo es que el 100% de los eventos de robo se reporten formalmente desde su inicio; sin embargo, esto no sucederá si se mantiene esta práctica abusiva y totalmente innecesaria por parte de concesionarios con la venia de autoridades locales”, señaló el Presidente de ANERPV. (Redacción Autotransporte)
